La empresa estadounidense de energía ConocoPhillips tomó activos de Petróleos de Venezuela (PDVSA) tras ganar un litigio por 2.000 millones de dólares, lo que fue rechazado por el gobierno y oscurece aún más el panorama económico venezolano.
ConocoPhillips está “haciendo cumplir el fallo (...) en cuatro locaciones en el Caribe”, confirmaron ayer fuentes de la industria en EE UU, sin precisar los lugares. Según informes de prensa, los activos afectados están en Curazao, Bonaire y San Eustaquio.
“Buscaremos todas las vías legales disponibles para obtener una compensación completa y justa por nuestras inversiones expropiadas en Venezuela”, advirtió ConocoPhillips en un comunicado.
CONTUNDENTE RECHAZO DE CARACAS
En una nota, el gobierno venezolano manifestó por su parte que “PDVSA rechaza contundentemente las acciones adelantadas por la firma estadounidense ConocoPhillips de tomar los activos de la estatal petrolera venezolana en el Caribe”.
El pasado 25 de abril, el tribunal de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés y con sede en París), dictaminó que PDVSA violó contratos con la expropiación de activos de ConocoPhillips por orden del fallecido ex presidente Hugo Chávez en dos campos de crudo en 2007.
El experto petrolero Orlando Ochoa, doctor en economía de la Universidad de Oxford, explicó que las acciones de ConocoPhillips no se concentran sobre instalaciones, sino contra productos.
“Ha procedido a que congelen el crudo venezolano que está en los terminales de San Eustaquio, Bonaire y algunos productos que estén en refinería en Curazao”, dijo Ochoa, quien calcula que la medida compromete unos 15 millones de barriles por unos 750 millones de dólares.
La medida podría afectar las exportaciones a EE UU, destino de un tercio del petróleo venezolano que representa 75% del flujo de caja del país con las mayores reservas de crudo.
PDVSA también fue demandada el miércoles en Nueva York por el impago de 25 millones de dólares en bonos de deuda a la contratista canadiense de energía SNC-Lavalin.
Venezuela enfrenta varias querellas por expropiaciones realizadas principalmente durante el gobierno de Chávez (1999-2013).
Maduro buscar refinanciar una deuda externa de 150.000 millones de dólares -la tercera parte contraída por PDVSA-, pero se estrella contra sanciones de EE UU que prohiben a sus ciudadanos y empresas negociar nuevos títulos venezolanos.
“Las sanciones de los gringos, las amenazas, nos tienen sin cuidado. ¿Hacen daño? Sí, pero no nos van a detener (...). Venezuela no se rinde ante sanciones, ante amenazas, ante agresiones y ante mentiras”, expresó ayer el mandatario socialista y candidato a la reelección en los comicios del 20 de mayo.
PDVSA defiende las expropiaciones de activos de ConocoPhillips hace una década como “un acto soberano” de Venezuela “en pleno ejercicio de sus facultades y competencias legales”.
La estatal venezolana subrayó ayer que ConocoPhillips había exigido al ICC una compensación por más de 7.300 millones de dólares, “reducida” a 2.000 millones. Pidió, asimismo, “resolver por la vía legal y pacífica” la controversia y se comprometió a “honrar las decisiones emanadas del laudo”.
Estos reveses complican aún más el futuro económico del país, sumido en una crisis con escasez de alimentos y medicamentos, y una hiperinflación que treparía por encima de 13.800% en 2008, según el FMI.
También podrían tener impacto en el precio del crudo, que esta semana subió ante la posibilidad de que EE UU restablezca sanciones económicas contra Irán, uno de los mayores productores de la OPEP.
“sólo el primer paso”
El especialista Philip Verleger dijo al diario Wall Street Journal que la disputa con Conoco podría costarle a Venezuela hasta 500.000 barriles diarios en exportaciones, lo que equivale al impacto máximo estimado de una reimposición de medidas de Washington contra Teherán.
Ochoa alertó por su parte que la toma de activos de PDVSA por ConocoPhillips es sólo el primer paso.
“Este arbitraje de 2.000 millones de dólares se debe a la discriminación impositiva que el presidente Chávez comenzó entre 2006 y 2007, cuando le elevaron (a la transnacional) los impuestos a pesar de los acuerdos de protección de inversiones”, explicó Ochoa.
“Falta el litigio de compensación por la expropiación de activos que no se han pagado y puede ser un monto bastante mayor”, añadió. (AFP)
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